Pobreza y exclusión social
Día Internacional para la erradicación de la Pobreza

Una de cada tres personas con discapacidad vive en riesgo de pobreza y/o exclusión social

Es una constante en nuestro modelo social que los tiempos difíciles hostiguen con mayor crudeza a los colectivos ya de por sí vulnerables. Circunstancia que corroboró la crisis económica de 2008 y que se reitera ante la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias en todas las esferas.

El indicador AROPE (Risk Of Poverty or Exclusion), Riesgo de Pobreza o Exclusión social en España evidencia que el 25,3% de nuestra población se encuentra en dicho trance, siendo uno de los más altos de Europa. El dato se agrava si nos referimos a segmentos especialmente desfavorecidos como es el caso de las personas con discapacidad, el riesgo de pobreza o exclusión social se incrementa hasta el 32,5%, posicionándose más de siete puntos por encima del conjunto de la población. Dicho de otro modo, una de cada tres personas con discapacidad ha de afrontar importantes carencias que condicionan una calidad de vida digna y solvente. Hablamos de 2,3 millones de personas cuyas necesidades básicas están descubiertas.

Indicador de pobreza y exclusión social

El indicador AROPE se define en base a tres componentes:

  1. Riesgo de pobreza
  2. Baja intensidad en el empleo
  3. Carencia de material severa

En todos ellos las personas con discapacidad muestran valores más deficientes.

Riesgo de pobreza.

El riesgo de pobreza de un indicador claro para medir los niveles de desigualdad entre poblaciones, el umbral de riego de pobreza es un criterio técnico que se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por hogar, en realidad no mide pobreza en términos absolutos, sino cuantas personas tienen ingresos tan bajos que se encuentran en riesgo en relación al conjunto de población.

En 2019 el riesgo de pobreza para el conjunto de la comunidad se situó en el 20,7%, en el caso de las personas con discapacidad alcanza el 23,6%.

En base al criterio descrito emerge de forma clara la percepción de ingresos de menor cuantía entre las personas con discapacidad. En concreto su salario se sitúa un 17,3% por debajo del que recibe el resto de la población.

Dicho riesgo es mayor entre los hombres del colectivo (25,4%, frente al 22,2% de las mujeres), situación inversa a la acontecida en la población general.

Resulta especialmente grave el caso de los jóvenes (16 – 29 años), donde la discapacidad no parece marcar diferencias y se alcanza un riesgo de pobreza del 42,1%

Baja intensidad en el empleo.

Dicho indicador se centra en aquellas personas que viven en hogares cuyos miembros en edad laboral han trabajado un 20% o menos de su potencial posible tiempo de trabajo.

Las distancias entre ambos segmentos ponen de manifiesto las dificultades del colectivo para acceder al mercado laboral. Así, la baja intensidad laboral afecta a un 10,8% de la población general y a un 34% de las personas con discapacidad.

El dato supera al ejercicio anterior en 6 puntos, alertando de la discriminación que enfrenta el colectivo en el ámbito del empleo, premisa que se refuerza con su baja tasa de empleo 25,8% (40 puntos menos que las personas sin discapacidad)

Carencia de material severa

El último indicador contemplado es la privación o carencia severa de aspectos básicos de la vida diaria. Sobre un listado de 9 conceptos debe existir la privación de al menos 4 para considerar a la persona en situación de carencia material severa. Este componente nos está informando del grado de vulnerabilidad de la población. Y si de vulnerabilidad estamos hablando, las personas con discapacidad se posicionan tristemente a la cabeza, el 7,5% de las personas con discapacidad se encuentran en esta situación frente el 4,7% de la población general.

Las cuestiones evaluadas evidencian importantes desigualdades y situaciones desfavorables que condicionan la calidad de vida del individuo.

Así el 50,6% de las personas con discapacidad viven en hogares que no pueden permitiese ir de vacaciones una semana al año (entre la población general el porcentaje es del 33,5%). Casi la mitad de las personas con discapacidad (46,1%) no pueden hacer frente a gastos imprevistos (12 puntos por encima de la población general). Hasta un 11,4% de las personas del colectivo están en situación de pobreza energética dado que no puede permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada, esto solo le ocurre al 7,6% de la población. Igualmente ha sufrido retrasos en hipotecas, pago de suministros y prestamos con mayor intensidad. En definitiva, la vulnerabilidad del colectivo se está convirtiendo, si no lo es ya, en estructural, donde casi el 60% (58,7%) tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes (más de 9 puntos por encima) e incluso el 12,2% llegan a fin de mes con mucha dificultad.

El futuro con los efectos de la COVID-19

Retomando la premisa de partida, la actual crisis sanitaria augura un futuro opaco para el colectivo. La importante destrucción de empleo que estamos viviendo anuncia una mayor presión para las personas con discapacidad, conduciendo hacia un incremento de su riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Ya de por sí, los datos aquí presentados empeoran el panorama del colectivo respecto a 2018, y todo ello sin contemplar el efecto COVID-19.

En consecuencia se hace preciso trabajar de manera urgente para evitar el abocamiento del colectivo hacia la pobreza, operar para su integración laboral en igualdad de condiciones y cooperar de manera eficiente incorporando la implicación de todos los agentes vinculados.